La importancia de la coeducación frente al ‘pin parental’

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Ya hace un tiempo que escuchamos cómo algunos partidos políticos y asociaciones afines reclaman el llamado ‘pin parental’ en materia de educación, cuya medida ha sido propuesta de forma específica por el partido de ultraderecha Vox.

QUÉ ES EL PIN PARENTAL

Este partido define el pin parental como «solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian nuestros hijos […] que nos informe previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos». 

Las cuestiones a las que hace referencia no son otras que las igualdad de género y la educación afectivo-sexual, ámbitos que dicho sector político y social ataca de forma constante, y a las cuales abre una posibilidad de veto, a través de una pretendida idea de libertad de educación por parte de las familias.

HazteOír, asociación simpatizante de Vox, ha enviado esta propaganda a aproximadamente 23.000 centros de todo el Estado, incluyendo a las Direcciones, profesorado y AMPAs de dichos centros educativos.

QUÉ OCURRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En Murcia, la Consejería de Educación lo implantó el pasado septiembre de 2019, ordenando a los colegios dar conocimiento a las familias al inicio de curso de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular» impartidas por personal ajeno al centro, ofreciendo que puedan «manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades«.

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid esta medida es una de las claves con las que se está negociando la aprobación de los presupuestos, tal y como ocurrió anteriormente en Andalucía. Por ello, estas dos Comunidades son las que más peligro presentan de incorporar tal precepto. No obstante, varias Conserjerías de Educación y Presidencias de Comunidades como Andalucía, Madrid, Galicia o Castilla y León han declarado desmarcarse de esta medida. Asimismo, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana han suscrito el texto ‘Educar en libertad y para la libertad‘.

Comisiones Obreras (CCOO) presentó una demanda contencioso administrativa contra la Conserjería de Educación de Murcia sobre este pin parental. Del mismo modo, el Gobierno de España se ha manifestado repetidamente en oposición a dicha medida, especialmente desde el Ministerio de Educación que ha dado un plazo de un mes al Gobierno de Murcia mediante un requerimiento para retirar el pin parental antes de llevar esta cuestión ante la Justicia.  Además el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas han convocado una huelga general «estudiantil, feminista, antifascista y antirracista« para el próximo 6 de marzo por el mismo motivo.

RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN

El argumento principal que sustenta esta demanda educativa es la libertad de las familias en la educación de sus hijos e hijas. Si bien es cierto que pueden elegir qué valores inculcar en los y las menores, no pueden para ello imponerse a la legislación vigente.

Recogen el derecho del alumnado «a recibir formación en valores que apelen a la convivencia, la tolerancia y no discriminación por cuestiones de identidad de género u orientación sexual«. Es decir, la libertad de enseñanza no puede estar por encima de los principios constitucionales y los derechos fundamentales.

DERECHOS Y COEDUCACIÓN

Tal y como se mencionaba anteriormente, todos los niños y niñas tienen derecho a tener una educación de calidad que recoja los valores y principios básicos para una buena convivencia social libre de violencia y discriminación, independientemente de quiénes sean sus padres o madres. No existe el derecho a elegir que tus hijos e hijas no reciban una educación basada en el respeto en su centro educativo.

Otro de los argumentos principales de quienes defienden el pin parental es que de este modo se evita el ‘adoctrinamiento’ del alumnado. A este respecto, «el Estado no solo puede intervenir en la educación como un derecho que debe ser regulado en el marco democrático, sino que tiene la obligación de hacerlo para erradicar comportamientos peligrosos en la educación de los menores como la violencia, la discriminación racista y homófoba y el mismo machismo, comportamientos todos ellos que aparecen a edades tempranas y deben ser corregidos con un buen programa educativo«.

Finalmente, cuando una actividad responde al Proyecto Educativo del Centro, forma parte del currículo educativo y es de obligada asistencia, además de evaluable. No se trata de actividades extraescolares o excursiones y, por tanto, carece de sentido exponer al profesorado a consultas a las familias sobre contenidos que están recogidos en nuestro marco legislativo.

El próximo jueves 23 de enero tendrá lugar una concentración en la Plaza Pedro Zerolo (Madrid) a las 18:00 horas, para protestar contra el pin parental, convocada por la asociación Arcópoli.

Para más información consulta los siguientes enlaces:


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